Alcalá de Guadaíra ha sido hoy el escenario para un encuentro de representantes de las administraciones locales andaluzas con el objetivo de conocer el texto de la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía, así como el importante papel de los gobiernos locales al ser las administraciones más cercanas al ciudadano y sus necesidades.

 

Se trata de la jornada ‘La nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía: Hoja de ruta para el abordaje desde lo local’ que han inaugurado en el Distrito Norte la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, junto a la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación de Sevilla y de  la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), entidad organizadora del encuentro.

 

La alcaldesa ha destacado que trabaja para que Alcalá sea conocida por el avance de su sociedad en solidaridad e igualdad y, por ello, ha agradecido la elección de esta ciudad para debatir este texto fundamental para las personas, que es uno de los compromisos de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que una vez más, hace a la comunidad pionera para garantizar los servicios mínimos en la atención a las personas.

 

Asimismo, ha enfatizado la labor de la FAMP para que sean los ayuntamientos los que participen directamente de este texto para conocer las competencias que les atañen dado que son las administraciones más cercanas a los ciudadanos.

 

Por su parte, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ha destacado las aportaciones realizadas por las corporaciones locales a la futura Ley Andaluza de Servicios Sociales recordando que “esta Ley de Servicios Sociales, además de blindar derechos de ciudadanía, blinda las competencias de las entidades locales en materia de servicios sociales, garantizando la consolidación de estos servicios en el ámbito municipal de Andalucía, que con la reforma local del Gobierno de España parecían estar condenados a desaparecer”.

 

“Los pilares de la Ley de Servicios Sociales son los principios básicos de universalidad e igualdad de acceso de todas las personas a las prestaciones del sistema público de servicios sociales. Sitúa, por tanto, a la persona como centro de todas las políticas sociales y regula tanto los derechos como los deberes de la ciudadanía en general y de las personas usuarias”, ha subrayado la consejera.

 

La futura ley, que sustituirá a la vigente desde 1988 y que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria, introduce como principales novedades en su anteproyecto la ampliación de derechos; el establecimiento de un catálogo de prestaciones básicas garantizadas como derecho subjetivo, que podrán ser exigibles por la ciudadanía; la creación de la Historia Social y de la Tarjeta Social Digital para cada persona, y la constitución del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía.

 

La responsable de las políticas sociales en Andalucía, ha resaltado que “la ley va a suponer la consolidación de un verdadero sistema público de servicios sociales de Andalucía, que se estructurará en dos niveles: el de los servicios sociales comunitarios y el de los especializados”.

 

En este sentido, Sánchez Rubio ha subrayado que en los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía hay 27.761 profesionales (7.100 en Sevilla) y se atiende a más de un millón de personas anualmente (más de 226.000 en Sevilla).

 

Una vez sea aprobada en el Parlamento, la consejera ha informado que “diseñaremos un catálogo de prestaciones, así como un mapa de servicios sociales de Andalucía en el que se tendrá en cuenta criterios demográficos, geográficos, de organización, de comunicaciones y sociales”.

 

Por último, Sánchez Rubio ha destacado que la nueva Ley “en definitiva, supone un salto cualitativo en cuanto a la prestación de servicios públicos en Andalucía y que diseña, de la mano de las entidades locales y desde el presente, el sistema que encontraremos en el futuro”.

 

El presidente de la FAMP por su parte ha puntualizado que esta entidad “tiende puentes” y que “es el momento de convertir los discursos en realidades, de ser pragmáticos. Los municipalistas tenemos que concretar y blindar las competencias en prestaciones sociales de las administraciones locales”.