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La entidad, que tiene 30 años de existencia, trabaja por la integración de personas y colectivos en riesgo grave de exclusión
Fecha: 17/10/2018
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha aprobado destinar una subvención de 30.000 euros a la Asociación Nacional AFAR cuyo reto primordial es contribuir a mejorar las condiciones de vida de personas y colectivos que viven en situación de desigualdad o riesgo grave de exclusión social a través de programas y servicios destinados a la acogida urgente, así como a la capacitación e inserción laboral como vía hacia la integración de estas personas.
 
Esta entidad es uno de los agentes sociales más conocidos de la ciudad y con más calado por sus décadas de implantación y trabajo desde sus instalaciones en la localidad. El Ayuntamiento colabora anualmente con la entidad a través de un convenio de colaboración que para este curso se firmará en breve.
 
AFAR es una entidad de naturaleza asociativa y civil, de carácter benéfico sin ánimo de lucro, que fue declarada Asociación de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior en 2003, pero que nacía en 1.987 fundada por Manuel Ángel Cano, sacerdote muy conocido y profundamente querido en la ciudad.
 
Durante estos años la Asociación ha ido ampliando su ámbito de actuación tanto en los colectivos a los que dirige su actuación como territorialmente, pasando de ser de ámbito provincial a nacional.
 
En la actualidad, el compromiso de la Asociación es luchar por la integración de personas excluidas o en riesgo de exclusión social mediante el desarrollo de programas y proyectos específicos de actuación con una metodología basada en los principios de igualdad, confidencialidad, integración y participación, entre otros.
 
AFAR trabaja contra la exclusión en un abanico social amplio que incluye desde las personas sin hogar y/o en situación de emergencia social, a personas drogodependientes o con discapacidad, mayores o dependientes, reclusos o ex-reclusos, personas desempleadas con especiales dificultades de inserción laboral (mayores de 45 años, parados de larga duración, inmigrantes, etcétera), junto a personas víctimas de malos tratos y violencia de género, así como en el ámbito de la protección de menores.
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