El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra  pone en marcha una nueva edición del Programa para la Prevención de la Exclusión Social -antes Plan de Urgencia Municipal (PUM)-, en el que se destinan más de 713.269 euros a contrataciones de personas en condiciones de vulnerabilidad y bajo índice de acceso al mercado laboral como otro apoyo urgente más a familias en riesgo de exclusión social. Con esta iniciativa se realizarán 273 contratos urgentes a familias que más lo necesitan.

Se trata de una iniciativa conjunta con la Diputación de Sevilla en la que ésta aporta 297.132€ (el 41,7%) y el Ayuntamiento otros 416.137€ ( el 58,3% restante) para propiciar contrataciones de urgencia. El ejecutivo local ha iniciado el procedimiento administrativo para poder abrir el plazo de solicitud en el Centro de Servicios Sociales alcalareño a primeros de julio. En breve se anunciarán plazos y medios para realizar la solicitud.

La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha insistido en que el Ayuntamiento está teniendo como prioridad reforzar la atención y protección social (menores, jóvenes, familia, etc.) en estos momentos de gran necesidad por la crisis derivada del COVID-19. En este sentido, ha explicado que “éste es un programa social de apoyo extraordinario a los sectores más desfavorecidos de la ciudad, que desde el Gobierno Local se considera muy necesario porque aporta una ayuda adicional a las familias en momentos difíciles”.

Por su parte, la delegada de Servicios Sociales, Virginia Gil, ha detallado que ese es uno de los principales objetivos que recoge la normativa del programa que pretende facilitar recursos a familias con problemáticas socioeconómicas a fin de evitar situaciones de exclusión social. Entre las condiciones del mismo también se contempla la inclusión de mujeres en riesgo de exclusión social y de jóvenes cuyas dificultades económicas les impedirían seguir con sus estudios.  Son así los beneficiarios de este programa familias y usuarios directos de los servicios sociales de Alcalá desde donde que se trabaja con gran esfuerzo para atenderlos y mejorar su día a día.

La normativa permite una duración de los contratos de entre 15 días y tres meses, pero lo habitual es que se realicen mayoritariamente contratos de entre un mes o dos, dependiendo de las condiciones específicas socioeconómicas de los beneficiarios.