Los menores infractores de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) podrán cumplir las medidas no privativas de libertad que les impongan los jueces en su propio municipio gracias a la colaboración entre la Delegación Territorial de Justicia y el Ayuntamiento alcalareño para que realicen prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas en servicios municipales.

El delegado de Justicia, Administración Local y Función Pública, Javier Millán, y la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha suscrito un convenio para facilitar la ejecución de este tipo de medidas a los menores infractores del municipio. "Se evita así que tengan que desplazarse para cumplirlas, pero también se fomenta su mayor concienciación al restituir el daño causado en su entorno más cercano", ha destacado Millán.

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ha destacado la colaboración entre ambas administraciones con la puesta en marcha de este convenio, ya que "tanto las medidas preventivas como cautelares en el caso de los menores son fundamentales para su reinserción en la sociedad." "Perseguimos una finalidad educativa que lleve consigo una regeneración social", ha subrayado.

La Consejería de Justicia tiene entre sus competencias garantizar los medios necesarios para la ejecución de las medidas impuestas por los jueces de Menores, tanto de internamiento como de medio abierto. La Ley del Menor ofrece la posibilidad de firmar convenios con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo y cumplimiento de estas medidas. Entre las medidas de medio abierto que pueden fijar los jueces, están la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas, que persiguen la reeducación de los jóvenes en situación de conflicto mediante actuaciones reparadoras a la sociedad.

El delegado ha explicado que la colaboración con los ayuntamientos resulta "especialmente eficaz" en el caso de delitos contra el patrimonio, ya que permite a los menores infractores contribuir a la limpieza municipal, el mantenimiento de parques y jardines y actuaciones de conservación de instalaciones públicas y mobiliario urbano.

Con este acuerdo, son ya quince los ayuntamientos de la provincia con los que la Delegación de Justicia tiene actualmente convenios en vigor para facilitar la ejecución de medidas no privativas de libertad a los menores infractores. En el caso de Alcalá de Guadaíra, "resulta especialmente importante contar con este acuerdo ya que alrededor de una treintena de menores alcalareños ejecutan medidas judiciales cada año de distinto tipo".

De hecho, actualmente hay trece menores de la localidad en libertad vigilada, para lo cual también es "fundamental" la colaboración de la Policía Local, mientras que otros dos tienen decretadas la realización de tareas socioeducativas y prestaciones en beneficio de la comunidad que, según ha detallado el delegado, "gracias a este acuerdo posiblemente este joven las realizará prestando servicio en la Biblioteca Municipal".

La Delegación Territorial de Justicia también tiene convenios con organizaciones no gubernamentales como Madre Coraje o Autismo Sevilla, donde mediante el voluntariado los jóvenes toman conciencia de otras realidades sociales y adquieren valores que los alejan de las conductas conflictivas.

En ningún caso estas tareas realizadas por los menores infractores son remuneradas ni sustituyen ningún puesto de trabajo. El equipo del Sistema Integral de Medio Abierto (SIMA) se encarga de hacer un seguimiento de los menores y remitir informes de su evolución a los jueces durante el cumplimiento de las medidas.

Millán ha expresado que el objetivo de "reeducar a menores que en un momento determinado por distintas circunstancias se ven en una situación de conflicto que merece un reproche penal. En los centros y servicios del sistema los profesionales trabajan para reconducirlos y reinsertarlos a la sociedad ya que tienen mucho que aportar".

Alcalá de Guadaíra cuenta con dos de los tres Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) de la provincia de Sevilla --el tercero está en Carmona--, donde los jóvenes cumplen medidas privativas de libertad decretadas por los jueces. Se trata de El Limonar y La Jara, ambos para chicos, con 30 y 28 plazas respectivamente para internamiento en régimen cerrado, semiabierto, abierto y de fines de semana.