El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, a través de las Delegaciones de Educación, Servicios Sociales y Gobernación, impulsará la lucha contra el absentismo escolar con más personal y colaboración con expertos universitarios, en coordinación con los demás agentes del mundo educativo local en la triple vertiente de la recogida de datos y evaluación, apoyo en los centros escolares y trabajo con las familias desde el exterior.

En Alcalá de Guadaíra existe desde hace seis años una Comisión Municipal de Absentismo Escolar, integrada por los concejales y personal de las Delegaciones citadas del Ayuntamiento, directores de centros e inspectores de Educación, representante de AMPAS locales, que adapta el protocolo de actuación en estos casos a las circunstancias concretas de Alcalá, recoge datos, coordina actividades y realiza el seguimiento de los casos y la evaluación de los expedientes.

Así, como números destacables del curso pasado 2013-2014, existió un 1,63 % total (educación primaria y secundaria, con mayor presencia en la ESO) de absentismo escolar del que se resolvió un 0,95 % gracias a estas labores coordinadas.

Este año el Ayuntamiento dedicará más esfuerzos de capital humano para la recogida y evaluación de datos con personal del Plan de Empleo Joven, y además está trabajando para implicar a un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla para poder realizar actividades personalizadas y talleres con alumnos, profesores y familias que complementen las labores que ya se realizan desde los distintos ámbitos.

Según la delegada de Educación, María José Borge, “este trabajo es muy importante también en las labores de prevención, puesto que además del absentismo se estudian y valoran los datos globales de asistencia con los que poner en marcha iniciativas en pro de luchar contra el bajo rendimiento y el abandono o fracaso escolar.”

Habitualmente, la Comisión registra los casos que se producen en los distintos centros, en los que primeramente se trabaja con dichos alumnos de forma interna. Existen casos en los que hay que continuar realizando tareas con las familias desde Servicios Sociales, dejando para  última instancia actuaciones más drásticas, según indican los protocolos.